Patricia Tuanama, de 37 años, y su hija de 16, denunciaron haber sido víctimas de una violenta agresión policial en el distrito de Chilca. Ambas relataron que tres suboficiales las golpearon y arrastraron por el suelo, en un operativo realizado sin orden judicial. La intervención, registrada en videos grabados por vecinos, ha causado indignación en la población y abrió un proceso fiscal contra los agentes implicados.

Los hechos ocurrieron en el asentamiento humano Familias Unidas, en medio de una disputa por un terreno que Patricia asegura haber comprado con sus ahorros. La intervención derivó en abuso de autoridad, lesiones y violencia contra la mujer, según la denuncia presentada ante las autoridades.

¿CÓMO SE PRODUJO LA INTERVENCIÓN EN CHILCA?

El 9 de agosto, tres suboficiales de la Policía llegaron al domicilio de Patricia Tuanama para intervenirla en el marco de una denuncia por usurpación presentada por su expareja, Marcos Ishuiza. Según testigos, los policías ingresaron al lugar con violencia, pese a no contar con una orden judicial.

Durante la intervención, Patricia y su hija fueron reducidas a la fuerza. La menor fue jalada del cabello y arrastrada por el suelo mientras intentaba proteger a su madre. La mujer de 37 años también recibió golpes y fue trasladada a la comisaría de Chilca.

¿QUÉ DENUNCIÓ LA MENOR DE 16 AÑOS?

La hija de Patricia relató que se interpuso entre los agentes y su madre para impedir que la golpearan. Sin embargo, ella también fue agredida. La adolescente afirmó que, pese a sus gritos y llanto, los policías continuaron con el uso de la fuerza.

En su testimonio, indicó que sintió miedo y que daría la vida por defender a su madre. La joven aún sufre pesadillas tras lo ocurrido y manifestó temor de que los agentes regresen a atacarlas nuevamente.

¿QUÉ IRREGULARIDADES SE REGISTRARON EN LA INTERVENCIÓN?

Videos grabados por vecinos muestran a los policías agrediendo a madre e hija, y a uno de ellos desenfundando su arma frente a quienes intentaban ayudar. La intervención no contó con la presencia de una policía mujer, como establecen los protocolos en casos que involucran a mujeres.

Patricia denunció que fue llevada en un patrullero junto a los mismos agentes que la golpearon, y que incluso compartió vehículo con un cadáver recogido en otro procedimiento. Además, su hija fue retenida en una dependencia policial como si fuera una detenida, pese a ser menor de edad.

Los tres suboficiales de tercera identificados en el caso son Jaime Abraham Arias Luciani, Erick Max Villegas Contreras y Manuel Ángel Escalera Flores. Según la denuncia, habrían incurrido en abuso de autoridad, lesiones físicas y psicológicas, y violencia contra la mujer.

Fueron detenidos en flagrancia, pero quedaron en libertad después de 48 horas. La Fiscalía de Cañete advirtió que podrían recibir una condena mínima de cinco años de prisión.

¿CUÁL ES EL TRASFONDO DE LA DISPUTA?

El origen del conflicto está en un terreno ubicado en el asentamiento humano Familias Unidas. Patricia asegura que adquirió la propiedad con años de trabajo y ahorro, mientras que su expareja presentó una denuncia por usurpación.

El día de la agresión, los policías acudieron al lugar supuestamente en el marco de este proceso. Patricia sostiene que su expareja busca despojarla del terreno, y que la intervención policial favoreció sus intereses.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES SOBRE EL CASO?

El fiscal provincial de Mala-Cañete, Fernando Escobar, señaló que se han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad y que se evaluarán las pruebas para proceder con las sanciones correspondientes. Indicó que los agentes podrían enfrentar cargos por abuso de autoridad y violencia contra la mujer.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, confirmó que los tres suboficiales fueron sancionados administrativamente por la Policía. Además, aseguró que Patricia y su hija recibirán garantías de protección frente a posibles represalias.

¿QUÉ ACCIONES HA TOMADO LA COMUNIDAD?

Vecinos de Chilca realizaron plantones y protestas exigiendo sanciones contra los agentes implicados. Colectivos de defensa de mujeres también se sumaron a la denuncia pública del caso.

Patricia encabeza su propia lucha, pidiendo justicia y denunciando que ni ella ni su hija se sienten seguras. Asegura que los policías podrían regresar en cualquier momento.