A través de la emisión y publicación del Decreto Supremo Nº 054-2025-PCM, el Ejecutivo establece disposiciones claras y obligatorias para asegurar el cumplimiento del deber de neutralidad electoral por parte de todos los funcionarios y servidores públicos durante el proceso electoral 2026.

La norma busca garantizar la imparcialidad del Estado para la elección del presidente de la república, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes peruanos ante el Parlamento Andino, programada para el 12 de abril del próximo año.

Este decreto, que lleva la firma de la presidenta de la república, Dina Boluarte, y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, tiene como finalidad garantizar que quienes ejercen una función pública mantengan una absoluta neutralidad en el ejercicio de sus funciones, evitando cualquier tipo de proselitismo político o uso indebido de bienes y recursos públicos en favor o en contra de organizaciones políticas o candidatos.

“El Gobierno se ha comprometido a mantener absoluta neutralidad e imparcialidad durante el proceso electoral, así como a promover la plena transparencia de las elecciones para que sus resultados sean irrefutables y reflejen fielmente la voluntad popular expresada en las urnas”, afirmó el premier Adrianzén.

La norma establece que los funcionarios, directivos y servidores públicos tienen la obligación de observar y contribuir en hacer respetar los principios de discreción, equidad, igualdad, integridad pública, legalidad, neutralidad, publicidad restringida (la difusión de información a través de publicidad estatal se justifica solo por razones de impostergable necesidad o utilidad pública) y transparencia.

Entre las prohibiciones para el personal de entidades públicas detalladas en el decreto supremo destacan la imposibilidad de hacer propaganda de organizaciones políticas o candidaturas dentro o fuera del local de la institución durante el ejercicio de la función pública, y de utilizar bienes públicos para elaborar, almacenar o distribuir elementos de propaganda electoral.

Asimismo, se establecen mecanismos para la denuncia de cualquier incumplimiento del deber de neutralidad, promoviendo la transparencia y la integridad en el proceso electoral.

Un aspecto central de este decreto es el énfasis en su difusión a través de las oficinas de recursos humanos, integridad institucional y comunicaciones de las entidades públicas para asegurar su efectivo cumplimiento.

La Presidencia del Consejo de Ministros reafirma su compromiso con la democracia, la transparencia y la integridad pública, garantizando que el sector público actúe con imparcialidad durante los procesos electorales, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.