La Contraloría General alertó que del total de Municipalidades Provinciales de la región iqueña, el 80% no cuenta con un Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (PPRRD) aprobado y actualizado que permita proteger la vida de la población, el patrimonio personal y del Estado a través de operaciones planificadas y articuladas que eviten nuevos riesgos y reduzcan vulnerabilidades existentes.
Dicha alerta se concretó en el marco del Operativo Nacional de Control “Gestión de Riesgo de Desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023”, que comprendió el control a una muestra de nueve entidades estatales, en un período que empezó el 1 de junio y culminó el 11 de agosto del presente año.
Las alcaldías provinciales sin el plan en mención son las de Ica, Chincha, Palpa y Nasca. Solo Pisco es la excepción, pero también adolece de otros planes específicos de índole preventivo ante los desastres.
El Gobierno Regional también fue parte de la muestra y si bien sí posee su PPRRD, no cuenta con el resto de instrumentos. Completan el listado, las municipalidades distritales de Ocucaje, Salas y San José de los Molinos, pertenecientes a la provincia de Ica. Tales entidades tampoco cumplen con tener sus planes aprobados.
Cabe precisar que el Perú es un país expuesto a riesgos de desastres naturales como los ocurridos con el Ciclón Yaku, el Fenómeno El Niño Costero, las heladas y friajes, entre otros.
Por ello, a través de la Ley N° 29664 se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y desarrollar la preparación ante situaciones de desastre.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en su calidad de ente rector del Sinagerd, es el responsable de conducir y fiscalizar el adecuado funcionamiento del sistema.
OTROS PLANES
Durante el operativo se supervisaron otros seis planes específicos con los siguientes resultados:
Se evidenció que el 100% de entidades públicas controladas en la región Ica carecen del Plan de Preparación (PP) para la respuesta y rehabilitación, debidamente aprobado y actualizado.
Este instrumento de gestión permite articular acciones para preparar a la población ante una situación de desastre y atender eficazmente las consecuencias de una emergencia.
De igual modo, el 100% no posee el Plan de Operaciones de Emergencia (POE) que describe las acciones destinadas a responder de manera efectiva y oportuna ante situaciones de peligro inminente, así como, ante el impacto de las emergencias o desastres.Similar situación ocurre con el Plan de Continuidad Operativa (PCO), ya que nuevamente el 100% de entidades estatales no cuentan con esta herramienta técnica para implementar medidas orientadas a mantener ininterrumpidas las actividades críticas identificadas en las entidades, a fin de proveer los servicios a la población ante la ocurrencia de una emergencia o desastre.
Se repite la historia con los
Planes de Educación Comunitaria y de Rehabilitación (100%), en tanto que respecto al Plan de Contingencia la cifra se reduce a 80%.
