Según informó la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental (OAUGD) del organismo electoral, el 62% de los pedidos (12,906) fue presentado por la vía virtual, mientras que el 5% (1,091) se realizó de manera presencial.

Asimismo, el 33% restante (6,730) corresponde a solicitudes tramitadas, tanto virtual como presencialmente, por entidades e instituciones cuyos trabajadores no pudieron ejercer su derecho al voto por causas debidamente sustentadas en el reglamento vigente.

Entre las principales causales para solicitar dispensa figuran el cumplimiento de funciones electorales, problemas de salud, viajes al extranjero por estudios, incapacidad mental, sensorial o intelectual, estado de gestación y la pérdida del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El JNE precisó que este trámite puede efectuarse de manera virtual desde el Sistema de Dispensa Virtual o, de forma excepcional, a través de la Mesa de Partes Presencial y las Oficinas Desconcentradas del organismo.

En los casos de robo o pérdida del DNI, los ciudadanos pueden iniciar el trámite adjuntando la documentación correspondiente y abonando una tasa de S/ 25.90 por derecho de trámite.

Esta disposición también aplica para quienes se encontraban en el extranjero por motivos de salud o estudios el día de la elección. El pago puede realizarse mediante la plataforma Págalo.pe del Banco de la Nación.

No obstante, el organismo electoral precisó que no se contempla el pago de dicha tasa en situaciones como desastres naturales o de origen humano, errores en el padrón electoral, discapacidad física, mental, sensorial o intelectual, o casos de prisión, entre otros.

El JNE recordó que las dispensas serán evaluadas y aprobadas únicamente cuando estén debidamente sustentadas, conforme al Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral.

Para consultas, los ciudadanos pueden comunicarse a través del correo consultas@jne.gob.pe

o la línea gratuita 0800-00214.

PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN SOLICITA INCLUIRLO COMO INVESTIGADO

El pedido alcanza a altos funcionarios de la ONPE y a gerente de la empresa Galaga por presunta corrupción en la contratación del transporte de material electoral.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Ministerio Público incorporar al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como funcionarios vinculados a las áreas administrativa, logística y de gestión electoral del organismo electoral en la investigación preliminar por el presunto delito de colusión agravada en la contratación del servicio de transporte de material electoral para las Elecciones Generales 2026.

El pedido, dirigido a la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, plantea no solo extender las diligencias, sino también precisar los hechos e identificar a nuevos implicados en el caso, a raíz de las graves irregularidades registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.

En la solicitud se incluye a Juan Charles Alvarado Pfuyo representante de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., que participó en el proceso de contratación, así como a otros altos funcionarios de la ONPE, como Edward Eloy Alarcón González, gerente de Administración de la ONPE; José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral; y Yuvitza Milagros Aguilar Ticona, subgerente de Logística.

De acuerdo con el documento, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con el servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos y otros implementos utilizados durante la jornada de votación.

Como parte de las diligencias solicitadas, la Procuraduría pide tomar declaraciones a los investigados, recabar el expediente completo de contratación, revisar las propuestas de las empresas postoras y obtener información sobre los funcionarios responsables del proceso electoral.

Asimismo, se plantea acceder a reportes de monitoreo GPS de los vehículos utilizados, realizar una pericia contable para determinar un posible perjuicio económico al Estado y solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los implicados, con el fin de identificar eventuales coordinaciones indebidas.

El organismo también requirió información a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) sobre los bienes de los investigados, en el marco de las acciones orientadas a esclarecer los hechos.

La Procuraduría sostiene que estas diligencias son necesarias para determinar si existió concertación entre funcionarios y privados en el proceso de contratación, lo que configuraría un delito contra la administración pública. (PERÚ 21/ Luis Villanueva).