El Congreso de la República publicó la ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías

Así lo establece la Ley N° 32490, publicada en edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma tiene por finalidad garantizar la continuidad y seguridad del servicio de transporte público y transporte de mercancías mediante “acciones que comprenden medidas de prevención y preparación —antes del delito—, respuesta y atención inmediata —durante el delito— y reactivación del servicio y recuperación de la capacidad económica de las empresas de transporte público”.

Medidas extraordinarias de prevención y preparación

Estas están a cargo del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú, de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF – Perú) y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, de acuerdo con sus competencias.

Las medidas tienen por finalidad reducir el riesgo y prevenir la ocurrencia de actos de extorsión y sicariato, mediante el fortalecimiento de la seguridad económica, institucional y operativa de las empresas de transporte público, a través de acciones de prevención financiera, seguridad operativa, inteligencia en la prevención de delito, capacitación empresarial y apoyo financiero preventivo.

Se consideran las siguientes: Prevención financiera y control de flujos. Seguridad operativa del transporte público y certificación de rutas seguras. Inteligencia y mapas de riesgo; y Capacitación en detección y denuncia.

También se contempla crear un fondo de riesgo y garantía estatal destinado a proteger a las unidades de transporte público y transporte de mercancías en casos de amenazas o atentados vinculados a los delitos de extorsión y sicariato.

Medidas extraordinarias de respuesta y atención inmediata

Están a cargo del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo con sus competencias.

Tienen por objetivo actuar con rapidez, eficacia y coordinación interinstitucional, a fin de garantizar la protección de las víctimas, la continuidad del servicio y la identificación y persecución del delito.

Se consideran las siguientes: Respuesta policial inmediata. Protección a víctimas. Investigación policial y fiscal coordinada. Continuidad del servicio.

Apoyo comunicacional.

Medidas extraordinarias de reactivación y recuperación

Están a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de acuerdo

con sus competencias.

Tienen por objetivo restablecer la capacidad económica y social de las empresas de transporte afectadas, así como reducir la impunidad y fortalecer la confianza pública.

Se consideran las siguientes: Apoyo financiero postdelito. Reparación integral.

Reinserción laboral y psicológica. Reactivación del servicio; y Observatorio nacional.

En las disposiciones complementarias se dispone la extinción de dominio a favor del Estado sobre los bienes, fondos, instrumentos financieros o valores que se encuentren en cuentas bancarias, billeteras electrónicas u otros medios de pago digitales que hayan sido utilizados, directa o indirectamente, para recibir, transferir o administrar recursos provenientes de actos de extorsión o sicariato, o de cualquier otra actividad delictiva vinculada a dichos delitos.

La medida se aplica con independencia del proceso penal y no está sujeta a los criterios previstos en el Decreto Legislativo 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio.

Además, se crea el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), con ámbito nacional, conformado por personal de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y del Poder Judicial. La coordinación del GIES está a cargo del Ministerio del Interior como Fuerza de Tarea Especial.

JOSÉ JERÍ

Al promulgar la ley que dispone medidas extraordinarias para enfrentar la extorsión y el sicariato que afecta a los transportistas, el presidente José Jerí Oré afirmó que ha llegado el momento de contraatacar a la delincuencia.

“No nos vamos a doblegar, cueste lo que cueste, para derrotar a la delincuencia. Este Gobierno no va a tener temor de hacer todos los esfuerzos para derrotarlos, sabemos lo que hacen, sabemos dónde están y ahora viene el contrataque”, enfatizó.

El mandatario remarcó que la ley promulgada para enfrentar estos delitos marca un punto de quiebre en la lucha contra la delincuencia y constituye una de las iniciativas más importantes que se están adoptando como resultado del diálogo y el compromiso con los transportistas.

Tras la promulgación de la “Ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías”, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, reiteró el compromiso del Ejecutivo, Legislativo y de cada instancia del Estado con la seguridad ciudadana.

“Esta ley es fruto del trabajo conjunto entre poderes del Estado. Demuestra que cuando el país se une, las soluciones llegan. Desde el Ejecutivo, el Legislativo y cada instancia del Estado, reafirmamos hoy nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y la paz social que todos los peruanos nos merecemos”, sostuvo el titular del MTC.

Asimismo, el jefe de Estado adelantó que en los próximos días habrá un conjunto de medidas complementarias para combatir de mejor manera a la criminalidad.

Según recordó el mandatario, el objetivo común pasa por derrotar a la delincuencia, lo que requiere la confianza entre las instituciones del Estado, transportistas, emprendedores de los mercados y demás sectores.

“Confianza es lo que tenemos que recuperar en nuestro país, confianza en nuestras instituciones que tienen que hacer su labor de manera eficiente, confianza es lo que pedimos los ciudadanos y es lo que necesitamos nosotros mismos. Si confiamos uno del otro podemos lograr las cosas”, señaló.

La promulgación de la ley se llevó a cabo en Palacio de Gobierno junto al jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi.

ALCANCES DE LA LEY

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, destacó que la norma constituye un paso firme en la lucha contra estos delitos y reafirma el compromiso del Gobierno de transición de proteger la vida por encima de todo.

Recordó que, detrás de cada transportista y pasajero, hay esfuerzo y trabajo diario. En ese sentido, señaló que el Estado tiene la obligación de proteger a los peruanos y devolver la confianza a un sector que sigue moviendo el país todos los días.

“Se trata, en definitiva, de restablecer la seguridad, el orden y la confianza de un sector esencial para el desarrollo nacional, porque no hay progreso posible en un país donde pueda reinar el miedo”, señaló Prieto.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) indicó que la autógrafa propone la creación de un marco extraordinario de acción estatal para enfrentar la extorsión y el sicariato en el transporte público desde una visión integral, abordándolo con acciones claras y mediante la coordinación entre instituciones.

Precisó que fortalece la articulación entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el MTC y los gobiernos subnacionales.

“Asimismo, plantea la creación del grupo interinstitucional contra la extorsión y el sicariato, como eje operativo en esta articulación. Juntos consolidaremos un frente común para prevenir, detectar y sancionar las actividades delictivas que tanto afectan a transportistas, a usuarios y a ciudadanos en general”, apuntó Prieto Barrera.

Agregó que la autógrafa establece operativos conjuntos, control financiero de las empresas de transportes y un registro obligatorio de asociaciones y organizaciones vinculadas al sector, “a fin de cerrar el paso al dinero ilícito y cortar el vínculo entre crimen organizado y empresas formales”.

También se establece la creación de canales seguros de denuncia, para que las víctimas no tengan que enfrentar en solitario las amenazas de las mafias.

De igual modo, el ministro remarcó que no basta con sancionar y que se requiere también proteger y asistir a quienes ya han sufrido las consecuencias de estos graves delitos, por lo que la ley promulgada hoy establece medidas de apoyo legal, psicológico y económico para las víctimas.

En cuanto a su sector, indicó que continuarán implementando mecanismos de control, supervisión y fiscalización en los servicios de transporte público.

“Trabajaremos de la mano con la Policía Nacional y con los municipios para fortalecer seguridad en los paraderos, terminales y rutas, y pondremos tecnología e innovación al servicio de la vigilancia y la transparencia en el sector”, acotó Aldo Prieto.