Un mes y medio después de que el Congreso publicara por insistencia la Ley n° 32390, que establece un nombramiento especial y sin evaluaciones para más de 24.000 docentes, el Ministerio de Educación decidió acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impedir la aplicación de esta norma que había observado, en abril último, porque atenta contra la meritocracia.
A través de la Resolución Ministerial N° 332-2025, publicada en El Peruano, el ministro de Educación, Morgan Quero, dispuso que el procurador público especializado en material constitucional ejerza la representación del Ejecutivo en el proceso de inconstitucionalidad contra dicha ley que autoriza el nombramiento excepcional de los profesores que aprobaron las dos etapas del referido concurso del 2022.
De acuerdo con el Minedu, el nombramiento se aplica en igualdad de oportunidades y las plazas se adjudican según orden de méritos. Luego, el proceso se cancela para impedir ingresos excepcionales. “Con esto se evita que haya un grupo diferenciado con respecto a los concursos anteriores. No puede haber un trato especial, como se pretende ahora con la ley”, fundamentó.
ESPERAN QUE TC SEA RESPONSABLE
Esta respuesta ha sido oportuna, en opinión del exministro de Educación, Idel Vexler, porque no puede debilitarse la meritocracia que ha sido continuada por los últimos gobiernos como una política de Estado. “Lamentablemente, no basta con aprobar las dos etapas del concurso porque siempre hay un orden de méritos para cubrir las plazas de nombramiento. Esta es una de las muchas iniciativas populistas y electoreras del Congreso”, criticó.
Vexler afirmó que el TC tiene la responsabilidad de preservar la meritocracia en el magisterio. “La norma del Congreso atenta contra derechos fundamentales, como la educación, contra la Ley de Reforma Magisterial y contra la Constitución porque los legisladores no tienen iniciativa de gasto”, indicó.
Explicó también que los concursos son cancelatorios. “Tienen un cronograma que se cierra con los adjudicados y no adjudicados. Quienes no logran una plaza, deben esperar el siguiente concurso, así se ha venido dando en estos años”, señaló.
El presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), Luis Lescano, refirió que el nombramiento de maestros es facultad exclusiva del Minedu y no del Congreso. “Les venimos diciendo que están afectando la meritocracia, pero los legisladores no toman conciencia”, lamentó.
Ambos especialistas advirtieron que dicha norma es muy general y deja abierta la puerta para que los maestros que aprobaron las dos etapas de los procesos anteriores puedan reclamar que también se les considere. “Es muy peligrosa”, dijeron.
DEFIENDEN PROPUESTA
Pese a ello, el parlamentario Edgar Tello, uno de los impulsores de la ley, negó que se afecte la meritocracia. “En el concurso del 2022-2023 hubo 98.000 plazas, pero solo se cubrieron 65.946 y 24.035 docentes aprobados no pudieron nombrarse”.
La presidenta de la Sociedad Unida de Maestros Contratados de Lima (Sumacol), María Elena Aguilar, respondió que “el nombramiento es excepcional y justo, ya que en el concurso del 2022-2023 hubo reprogramaciones, modificaciones de normas y supuestas irregularidades”.
PROPUESTAS SIMILARES
Pero no es la única propuesta del Congreso que atenta contra la meritocracia. En mayo último, la Comisión de Presupuesto aprobó por insistencia el dictamen de ley que propone el nombramiento automático y gradual de más de 150.000 profesores de colegios públicos. Ellos solo deberán acreditar que han trabajado tres o más años como contratados.
ESTA INICIATIVA YA SE ENCUENTRA EN LA AGENDA DEL PLENO.
Otro polémico dictamen de ley, aprobado por la Comisión de Educación, es el que autoriza que un grupo de docentes pueda acceder al cargo de director y subdirector de colegio público solo con haber aprobado las dos etapas del concurso de acceso a cargos directivos del 2022-2023.
Ellos tendrían un trato diferenciado, como los docentes beneficiados con el nombramiento excepcional que se explicó al inicio de esta nota. “El Congreso solo piensa en sus intereses”, lamentó Vexler. (La República/Carlos Contreras Chipana)