Inicialmente la ex alcaldesa María Montoya Conde y Angélica Arata Tasso (ex regidora de Imperial y subprefecta de Cañete), junto con otros implicados, fueron condenadas a 10 años de prisión efectiva por el delito de Asociación Ilícita en agravio del Estado Peruano en el “caso Nuevo Cañete”. Esta sentencia fue dictada el 18 de septiembre de 2024 por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cañete. Sin embargo hay un cambio de giro hoy: la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete ha declarado la NULIDAD de esta sentencia condenatoria.

¿Qué significa la Anulación de la Sentencia? ¿Son inocentes?

La anulación de la sentencia es una decisión judicial de gran importancia. Significa que la sentencia original dictada por el primer juzgado (el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cañete) ha sido considerada inválida o defectuosa por una instancia superior (la Sala Penal de Apelaciones).

No se han pronunciado por la INOCENCIAS DE AMBAS, es de suponer que, tal vez, hubo vicios en el Debido Proceso; o sea no se respetaron las garantías fundamentales de las personas acusadas durante el juicio. Pueden ser fallas en la valoración de pruebas, errores en la aplicación de la ley, vulneración del derecho a la defensa, falta de motivación de la sentencia, etc.

También podría ser insuficiencia o ilegalidad de pruebas; es decir, las pruebas no eran suficientes para sustentar una condena o que fueron obtenidas de manera ilegal.

Otra posibilidad es que pueden existir errores sustanciales en la motivación; mejor dicho el juzgado no explicó de manera adecuada y lógica las razones de su decisión, o que las razones presentadas eran contradictorias o ilógicas.

Sin duda ha sido una buena defensa legal de doña Montoya Conde y doña Arata Tasso que logró que el tribunal superior acogiera los argumentos presentados en la apelación, determinando que existen elementos suficientes para ANULAR LA RESOLUCIÓN CONDENATORIA.

Dicho de otra manera, la Sala de Apelaciones encontró fallas o inconsistencias significativas en el proceso o en la sentencia de primera instancia que impiden que esta sea considerada válida.

¿Qué consecuencias trae la Anulación?

Como resultado de la anulación, no se ha declarado la inocencia de las implicadas, sino que se ha ordenado la realización de un nuevo juicio oral que será llevado a cabo por un juzgado colegiado distinto al que emitió la sentencia original.

¿Qué buscan los juzgadores con estas decisiones?

Primero: garantizar la imparcialidad para que el nuevo proceso se desarrolle sin los posibles vicios o percepciones de parcialidad que pudieran haber afectado al juzgado anterior; también posibilita un claro respeto al DEBIDO PROCESO.

No es una absolución, pero mucha gente espera que en el futuro logren la declaratoria de inocencia, por el bien de ellas, de su familia y por sus numerosos partidarios que siguen a ambas ciudadanas.

¿Están impedidas de postular en las próximas elecciones municipales?

No están impedidas de postular ni en las elecciones nacionales, ni en las municipales o regionales porque sus sentencias de 10 años de prisión efectiva ha sido anulada; o sea las condenas ya no existen y no tiene efectos. Podríamos decir que las sentencias anuladas SON COMO SI NUNCA HUBIERAN EXISTIDO.

Tampoco NADIE LAS PUEDE SEÑALAR COMO DELINCUENTES ya que en estos casos se aplica el principio de presunción de inocencia. Mientras no exista una sentencia condenatoria firme (es decir, que haya pasado por todas las instancias y ya no pueda ser apelada) y con calidad de cosa juzgada, se presume la inocencia de la persona.

Desde nuestra posición periodística, con la primera sentencia (hoy anulada), no nos hemos alegrado, celebrado, ni condenado, ni solidarizado con el caso; hemos estado siempre a ojos alerta; la misma posición que hoy asumimos con la nulidad. Confiamos en la justicia, no podemos emitir juicios definitivos sobre la culpabilidad o inocencia de las personas mientras el proceso judicial no haya concluido con una sentencia firme. Eso sí estaremos atentos a exigir que se le doten de todos los mecanismos de defensa y obtengan un decisión ajustada a ley.