El Ejecutivo promulgó el sábado último la Ley 32330, que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro sistema penal.

Pero solo por la comisión de algunos delitos graves, los jóvenes infractores, podrán ser procesados como adultos, en el marco de la lucha contra la criminalidad.

La norma, publicada en el diario Oficial El Peruano, modifica los artículos 20 y 22 del Código Penal para precisar que los adolescentes de entre 16 y 17 años podrán ser procesados penalmente como adultos si cometen delitos graves.

Los delitos

Entre los delitos por los cuales podrían ser sancionados son:

Terrorismo, Homicidio calificado,

Secuestro, Extorsión, Sicariato, Narcotráfico, Robo agravado, Trata de personas y Violación sexual

Tratamiento penitenciario

Establece, además, como medidas socioeducativas, que la internación en un penal para los adolescentes de entre 16 y 17 años puede ser de 6 a 8 años por los delitos graves como sicariato o violación sexual de menores.

En las disposiciones complementarias, la Ley precisa que el tratamiento penitenciario para los internos mayores de 21 años se lleva a cabo mediante el sistema progresivo, mientras que para los internos de 17 a 21 años se utiliza el sistema de individualización científica.

En ese marco, dispone que los internos entre los 17 a 21 años de edad estarán separados absolutamente de los mayores de edad.

“El interno es clasificado en grupos homogéneos diferenciados, en el establecimiento penitenciario o sección del mismo que le corresponda, determinándose el programa de tratamiento individualizado”, refiere la norma.

Indica también que el tratamiento penitenciario será de carácter individualizado, científico e integral, con acciones y actividades terapéutico-asistenciales adaptados a las particularidades de la personalidad o conducta de cada persona privada de libertad de 16 a 21 años.

Detalla que los programas especializados de tratamiento se centran en actividades de trabajo penitenciario, educativas, culturales, familiares, artísticas, deportivas, espirituales o religiosas, adaptadas al grado de clasificación de la persona privada de libertad y a la organización específica de cada establecimiento penitenciario.

“La administración penitenciaria estimula la participación de la persona privada de libertad de 17 y 21 años, en el diseño, planificación y ejecución de su tratamiento penitenciario. Para la aplicación del tratamiento penitenciario, no será necesario contar con el consentimiento de las personas privadas de libertad en condición de sentenciadas”, indica.

Asimismo, la responsabilidad penal se aplicará sin necesidad de un régimen especial, aunque se podrá considerar la edad del infractor para atenuar la pena en ciertos casos. Para delitos de alta gravedad, la sanción ya no será únicamente educativa, sino que podrá conllevar pena privativa de libertad según las reglas del sistema penal ordinario.

Defienden la norma

El congresista José Luna Gálvez, autor de la iniciativa legislativa, fue enfático en justificar la necesidad de esta reforma.

“Sabemos que los delincuentes más peligrosos recurren a menores para ejecutar asesinatos por encargo, secuestros y actividades de narcotráfico. Esto debe detenerse de inmediato”, expresó.

Además, destacó que este nuevo marco legal no solo endurece las penas, sino que también promueve una reinserción responsable.

“Es fundamental restituir el principio de autoridad y enviar un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad”.

Desde el Congreso, la norma ha sido presentada como una respuesta firme frente a la instrumentalización de adolescentes por parte del crimen organizado y un paso clave para recuperar el control frente a la inseguridad ciudadana.

Piden respetar Convención sobre derechos del niño ante ley de jóvenes infractores

De otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Perú (UNODC) emitió un pronunciamiento

Ante la promulgación de la Ley Nº 32330 que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Perú (UNODC), hizo un llamado a respetar la Convención sobre los Derechos del Niño, por ser un instrumento internacional que el Estado peruano ha suscrito.

En el comunicado compartido en sus redes sociales, la UNODC instó a las autoridades a reflexionar y considerar la derogación de la ley recientemente promulgada.

La organización señaló que, según estadísticas oficiales, el 98% de los casos de criminalidad en el Perú son cometidos por adultos, lo cual indicaría que la medida adoptada no sería significativa para reducir la delincuencia en el país.

Por el contrario, la ley aprobada generaría que los adolescentes cumplan penas junto con adultos, alejándose de una rehabilitación social.

“Recordamos que, al respecto, el Comité de derechos del niño establece que el mantenimiento de la seguridad pública es un objetivo legítimo de los países. Sin embargo, los Estados parte de la Convención deben cumplir ese objetivo con sujeción a sus obligaciones de respetar y aplicar los principios de justicia juvenil”, resaltó la oficina de la ONU.

Dicha Convención establece que los Estados deben dar una respuesta penal diferente para los adolescentes, tanto en ámbitos físicos como psicosociales, así como permanecer siempre alejados de los adultos.

Se espera que el Estado peruano encuentre una vía efectiva para abordar los hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana y garantizar la reinserción social de menores de 16 y 17 años que cometen delitos, dice UNODC en su pronunciamiento.

Finalmente, la UNODC pone a disposición su apoyo técnico para buscar soluciones conjuntas entorno al sistema de justicia penal juvenil.

Salhuana: Jueces y fiscales deben aplicar ley sobre responsabilidad de menores

Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, indicó que los jueces y fiscales deben aplicar la ley que establece la responsabilidad penal de menores de 16 y 17 años en delitos graves en todo el país, al haberse promulgado la norma.

Señaló que si alguna institución considera que la norma es inconstitucional, corresponde que presente una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), el máximo intérprete de la Carta Magna en un estado de derecho.

“Si el TC dice que es inconstitucional se deroga y se deja sin efectos, mientras los jueces y fiscales deben aplicar la norma en todo el país”, refirió.

El titular del Parlamento dijo comprender que la norma puede ser controversial, pero que Congreso debe dar una respuesta ante situaciones recurrentes, como la presencia de menores de edad como sicarios que dan muerte a los ciudadanos.

“La mayoría de sicarios, de las personas que victiman, conducen la moto, el que lleva el arma y la usa para asesinar a una persona indefensa, es un menor de edad, el Estado debe defenderse”, sostuvo.

Explicó que los menores de edad son empleados por criminales para cometer delitos de sicariato debido a que la anterior norma los consideraba inimputables, “lo que permitía salir de un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación a los pocos meses a seguir delinquiendo”, añadió.

“Si las cifras dicen que son pocos estos menores, no va a perjudicar a muchos, pero el Estado debe defenderse, ¿qué hacemos ante un menor de edad que usa armas de fuego, explosivos? Hay jóvenes que han sido detenidos dos a tres veces cometiendo el mismo hecho delictivo”, refirió.

Dijo que, conjuntamente con esta norma, el Parlamento aprobó también incrementar la pena de las personas que usan a menores de edad para estos crímenes, como a autores intelectuales.

PAPA LEÓN XIV

Finalmente, y abordando el tema, si la presidenta debe ir o no a la entronización del Papa León XIV... Salhuana, reiteró su posición a favor de que la presidenta viaje al Vaticano a la entronización del papa León XIV, si así lo considera el Ejecutivo.

“El que tengamos un papa de nacionalidad peruana recoloca al país en el escenario internacional, hemos visto como han venido diversas cadenas de televisión internacionales a Chiclayo y obviamente irán a Piura, Chulucanas, harán un seguimiento a los lugares donde trabajó el papa y sin duda alguna genera un impacto positivo”, sostuvo.

Dijo además haber escuchado a algunos voceros de bancadas tener una posición favorable, aunque también hay parlamentarios que tienen una posición distinta, que se respeta.

Estimó que las bancadas respaldarán un permiso de esa naturaleza por estar por encima de temas políticos partidarios. “Se trata de presentar una imagen de unidad del país”, anotó.