El exfiscal y exministro del Interior, Juan Carrasco Millones, retornó al gabinete ministerial pero esta vez asumiendo el Ministerio de Defensa ,en reemplazo de su cuestionado antecesor Walter Ayala, quien renunció tras el escándalo donde se evidenció que intentó manipular el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas.
Cabe recordar que durante la conferencia de prensa de esta tarde, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció que hoy se tendía al nuevo titular del sector y que para ello se había estado analizando una terna adecuada. “El señor presidente de la República ya ha aceptado la renuncia del señor Ayala que ejercía como ministro de Defensa. Hemos estado trabajando estos días en la evaluación de una terna para ver cuál es la mejor opción. Creo que en este momento hay que ser sumamente cuidadosos. Es muy importante para elegir a la persona que asume este cargo tan delicado”, señaló Vásquez.
De esta manera, el nuevo ministro tendrá que enfrentar la crisis generada en el sector por las irregularidades cometidas por Ayala con las Fuerzas Armadas.
PERFIL DEL MINISTRO
En el 2019, Carrasco fue fiscal provincial penal corporativo de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo para el caso denominado “Los temerarios del crimen”. La investigación de esta presunta organización criminal incluyó a diversos funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
En julio del 2020, se desempeñó como fiscal de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, logrando que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva, por el plazo de 24 meses, contra Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez por los delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios.
En enero del 2020, cuando trabajaba en la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, Carrasco consiguió se declare infundado el pedido de cese de prisión preventiva contra el imputado Edwin Oviedo, en la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito contra la Seguridad Pública en la modalidad de Asociación Ilícita en agravio de la sociedad.
