La Policía detuvo el sábado pasado al gobernador regional de Arequipa, Élmer Cáceres Llica, como parte de un megaoperativo contra la presunta organización criminal 'Los hijos del cóndor', dentro del cual se realizaron, además, 35 allanamientos con descerraje, entre ellos a las oficinas del Gobierno Regional de Arequipa, y por lo menos 10 detenciones a otros funcionarios.

Se trata de servidores públicos del gobierno regional, entre ellos el gobernador, quien presuntamente habría captado a consejeros y personal de confianza para ofrecerles obras, beneficios económicos, puestos de trabajo y terrenos del Estado, con el fin de que no lo fiscalicen y le ofrezcan su apoyo incondicional en las decisiones de su gestión. Así lo explica el fiscal Omar Tello, coordinador nacional de la Fiscalía especializada en corrupción de funcionarios.

"En el Consejo (regional), para que le presten el apoyo, habría entregado ciertas dádivas, incluso habría ofrecido y obtenido, a través de testaferros, no él sino algunos consejeros, algunos terrenos que tendrían un valor determinado con la finalidad de que lo apoyen en las decisiones que se iban a tomar en el Consejo", explica. "Son tierras, se habría recibido dinero -3 mil, 10 mil soles-, se habría recibido whiskys con la finalidad de captarlos y que las decisiones que tomara el Gobierno al interior del Consejo Regional sean apoyadas y de esta manera comenzar a realizar ciertas actividades que no son nada sanas", agrega.

Pese a la larga lista de presuntos casos de corrupción en los gobiernos regionales, el fiscal Omar Tello lamenta la falta de recursos para contratar personal fiscal y peritos y así poder agilizar estas investigaciones. 

"Eso perjudica la labor que venimos realizando porque nosotros estamos trabajando de manera constante pero no tenemos el apoyo para poder continuar con las investigaciones y entregarle a la sociedad investigaciones claras y eficientes y estamos hasta cierto punto dificultando la lucha contra la corrupción", dijo el fiscal.

¿Qué pasa en los gobiernos regionales?

La detención de Élmer Cáceres Llica se suma a casos de presunta corrupción en otros gobiernos regionales, donde los gobernadores han estado investigados o procesados. Para el analista político Luis Benavente, la distancia de estas regiones con la capital podría generar una sensación de falta de fiscalización.

"En los gobiernos regionales han practicado la corrupción de una manera intensiva pensando que están fuera de los mecanismos de control y ahora hemos visto que no es así. El caso del gobernador de Arequipa nos demuestra que la Fiscalía también está accionando y combatiendo la corrupción en los gobiernos regionales", señaló.

Para el politólogo Fernando Tuesta la corrupción atraviesa toda la política peruana a nivel nacional. Para controlar esta situación, recordó que en el año 2015 el Gobierno publicó una reforma constitucional que prohíbe la reelección de autoridades regionales y locales; sin embargo, para Tuesta esta reforma no ha funcionado.

"Una autoridad que se corrompe lo puede hacer en cuatro años, como lo puede hacer en ocho. Esto ha llevado, a su vez, a otros problemas. En vez de solucionar el problema, creó otros problemas. Falta el incentivo que a veces se necesita. El voto es un instrumento de castigo: va a reelección y no lo eligen, o de premio: va a la reelección y lo reeligen", indicó.

En esa misma línea, la analista política Paula Távara coincide en que, lamentablemente, la corrupción en nuestro país es transversal a los distintos niveles de gobierno, incluidos los gobiernos regionales, principalmente, por los presupuestos que manejan y los grandes ingresos por canon en las zonas con proyectos mineros activos.

"Sobre todo, si tenemos en cuenta que gestionan altos presupuestos, sobre todo en las zonas donde hay canon, por ejemplo, para obras públicas, para recursos humanos, y que esto hace más fácil, de la mano de la debilidad presupuestal y de competencias, de capacidades, de organismos de control, hace más fácil y más permeables a la corrupción", comenta.

La especialista en ejecución de políticas considera que gran parte de esta responsabilidad es de los partidos políticos y organizaciones regionales que de cara a las elecciones solo buscan a personajes independientes con liderazgos locales, quienes en muchos casos solo buscan algún tipo de beneficio personal antes que un compromiso con su región.

"No creo que esto sea posible de generalizar pero, lamentablemente, sí creo que en el país aún nos encontramos con los gobiernos regionales como un botín apetecible para la corrupción antes que un espacio para la gestión cercana y de gestión comprometida con la población", refiere.

La postura de los gobernadores regionales

¿Existe alguna autocrítica de estas autoridades? Carlos Rúa, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, pide que las investigaciones determinen a los verdaderos responsables porque, a su juicio, muchas veces se toman medidas contra los gobernadores regionales y no se responsabiliza a otros funcionarios.

"Es necesario que se pueda detectar estas irregularidades y se sancione a las personas responsables. En las regiones, como hay buenos funcionarios, también hay funcionarios que cometen delitos y esto es una labor básicamente del Poder Judicial, la Fiscalía y la Contraloría", advierte.

El también gobernador regional de Ayacucho asegura que los gobernadores están a favor del fortalecimiento de las instituciones que administran justicia en el país. Sin embargo, pidió que esta situación no se generalice y que los funcionarios involucrados en estas investigaciones puedan dar su versión de los hechos.

"Nosotros respetamos las investigaciones, pero que no haya una exageración como si los gobernadores estuviéramos prácticamente incursos en actos delictivos y esta situación de la detención preventiva de alguna manera afecta la situación de los gobernadores. No solamente es con uno, hay varios", señaló.